Este martes se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro en el que el gobierno del PP le propuso a las comunidades autónomas hacerse el “harakiri”, o lo que es lo mismo, darse un tajo de 15.000 millones de euros en las mismas entrañas del Estado del Bienestar.
Un “harakiri” sí, un suicidio, pero muy distinto de aquel que se hizo la derecha votando a favor de la Ley para la Reforma Política, conocido como el «harakiri de las Cortes franquistas». Aquel fue un sacrificio que sirvió para algo, sirvió para dar muerte al franquismo y abrir la puerta a la transición política en nuestro país. Aquella inmolación tuvo sentido, porque nos permitió dejar atrás una dictadura e instaurar un sistema constitucional y democrático.
Este otro “harakiri” del PP, el planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es todo lo contrario, no es evolución, sino involución, no beneficia a los ciudadanos, sino que los perjudica seriamente. Por eso Andalucía dijo que no a este suicidio de las autonomías.
Porque lo que Andalucía rechazó ayer fue el desmontaje del estado de las autonomías, que es sinónimo del estado del bienestar. Rechazamos que las CCAA asuman la mayor parte del ajuste, porque el reparto es injusto y pone en peligro las políticas sociales, con las que el PP quiere hace negocio.
Andalucía está comprometida con la reducción del déficit, pero rechaza que se desangre a las autonomías que son garantes del Estado del Bienestar. Andalucía no está sóla: Cataluña y Canarias tampoco apoyaron el brutal recorte que el gobierno quiere hacer a las autonomías, se abstuvieron. El País Vasco evitó votar. Reclaman conocer el presupuesto que Rajoy mantiene escondido hasta después del 25M.
El sacrificio que el gobierno del PP no quiere para el Estado, lo quiere para las autonomías, porque quiere llevarlas a una situación límite, insostenible, para luego vaciarlas de contenido y retomar el centralismo propio de la derecha.
Las comunidades del PP, dispuestas a hacerse el harakiri, llegaron a pedir que se cambie la legislación para desprenderse de lo que ellos consideran una carga, que es la prestación de servicios públicos esenciales. No les importa amputar competencias, desmembrar el Estado de las autonomías. Es lo que quieren, pero no son capaces de decirlo claramente.
Igual que el gobierno no desvela el presupuesto para no perjudicar a Arenas, las comunidades autónomas del PP no confiesan que lo que están planteando es cobrar por muchos servicios, imponer el copago, crear nuevas tasas, o reducir la cartera de servicios obligatorios, lo que rompería el principio de igualdad de acceso a los mismos servicios.
La ceremonia de ayer estuvo oficiada por el samurai Montoro, un maestro de la catana de los recortes, que aprovechó la ocasión para volver a cargar contra Andalucía.
En la cultura japonesa, este acto ritual, el harakiri, puede ser voluntario, para expiar un fallo, u obligatorio, por mandato de un señor feudal, por lo que, siguiendo el paralelismo, Andalucia optó por dejar la catana encima de la mesa. Andalucía resiste, pero hay alguien dispuesto a coger la catana y abrirse en canal para postrarse a los pies de Rajoy, y ese alguien es Javier Arenas.
El 25 de marzo, los andaluces deciden hacerse el harakiri o seguir por el camino seguro que les brinda el PSOE de Andalucía
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